Artículo de opinión del Portavoz de Ciutadans de Terrassa.
Para Ciudadanos el fin de la concesión del abastecimiento de agua en Terrassa es una ocasión inmejorable para modernizar y enfocar hacía el futuro un servicio público que, aunque no ha dado problemas y es de los más baratos de Cataluña, data en su configuración actual de 1941, y evidentemente el mundo es otro. Para nosotros “el mejor gestor del agua debe ser aquel capaz de garantizar el mejor servicio al mejor precio”, una frase sencilla que sintetiza de manera magistral el cómo y dónde nos situamos en política. Una posición disidente, rebelde si se quiere, frente a la escenificación del último pleno municipal de los partidos que prescindiendo de cualquier análisis de la realidad (hasta con desprecio, CUP) hicieron causa común en la defensa de un modelo de gestión municipalizado (TeC, ERC y el tacticismo provinciano del PSC); por cierto, con un cierto regusto a revanchismo injustificado e injustificable.
La gestión directa o municipalización, a nuestro modo de ver, sólo tiene una virtud que la diferencia del modo indirecto (empresa mixta o privada), que el posible beneficio económico se queda en la ciudad. El resto de virtudes que se le suponen sólo tienen relación con el dogmatismo de los que se posicionan avant la lettre. Por otro lado, la gestión indirecta no se puede concebir sin un control público eficaz: A falta de un regulador nacional (circunstancia que se aprovecha para que cada municipio campe a su antojo) se debe exigir la redacción de un pliego de condiciones que ate en corto la pretensión de lucro, comprometa las inversiones necesarias, establezca la sostenibilidad de la función social del servicio y haga de la transparencia el denominador común en las relaciones que se establecen entre ayuntamiento y empresa, ésta con el usuario y el usuario con la administración. De forma gratuita, hay quien pone en tela de juicio que la gestión indirecta se comprometa con lo anterior, pero precisamente su cumplimiento depende del celo que ponga el ayuntamiento en esa tarea; un virtuosismo que el PSC defiende ahora como imprescindible de cara al futuro pero que no exigió cuando se sentó en el consejo de administración de Mina de Aguas de Terrassa durante años.
El margen industrial no es sin embargo un argumento definitivo para defender la municipalización, ya que el beneficio de la gestión indirecta también puede ir a favor de los intereses municipales si se ajusta un margen de por ejemplo un 2% (actualmente ronda el 5%), y se deja a la eficiencia de los procesos industriales de las empresas privadas la mejora del margen pactado. Supongamos un aumento de tres o cuatro puntos de los cuales el municipio se quedara el 60%: El resultado sería una mejora del servicio debido a un retorno público que podría repercutir en mayores inversiones o ajustes tarifarios.
Ciudadanos no está en contra de la gestión directa, pero nuestra alternativa para Terrassa es tan garantista como la municipalización y ofrece eficiencias que una administración municipal no puede alcanzar fácilmente. Un ayuntamiento no puede saber de todo, y la evidencia es que que cada vez que ha emprendido una aventura empresarial ha quedado escaldado y ha endeudado los bolsillos de todos los ciudadanos: Habitatge, Parc Audiovisual, Torrebonica, etc. Observamos con desazón que el alcalde no explica que el endeudamiento municipal condicionará la sostenibilidad del futuro servicio y así, y precisamente por ese motivo, pretende ordeñar la futura sociedad municipal del agua como si fuese una vaca lechera, servirá así para cubrir los agujeros del resto de sociedades municipales: Pisos que no se pueden vender, platós de cine vacíos, proyectos faraónicos fallidos, etc. ¿El futuro en este caso? Una sociedad que funcionaba bien, y sin quejas en el servicio, se descapitalizará para cubrir los agujeros de otras ruinosas, en lugar de reinvertir los beneficios para mejorar el servicio del agua.
En Ciudadanos nadie encontrará un partido que se dedique a desmontar estructuras públicas por pura ideología, en Ciudadanos encontrarán un partido que quiere una administración pública más fuerte pero no necesariamente más grande. La historia nos ha demostrado que cada vez que la mano de cierta clase de políticos se alargaba desde la administración hacia las empresas ha fomentado en demasiadas ocasiones, ineficiencia, corrupción y despilfarro. Pero tampoco nadie encontrará en Ciudadanos un partido que repudie la iniciativa privada, sobre todo si detrás hay un interés público; quien presente como dicotomía lo público en relación a lo privado o es miope o manipula.
Que el agua es un derecho no hace falta que ningún iluminado nos lo revele en pleno siglo XXI (una encuesta reciente refleja que el 88,7% de la ciudadanía lo sabe), la defensa de los derechos humanos en relación al agua es un argumento que se antoja demagógico en el contexto europeo. En España el agua ni se compra ni se vende, lo que cuesta dinero es evitar lavar la ropa en la acequia o ir a buscar agua con un cántaro a la fuente, y es el traernos el agua a casa lo que precisamente está en discusión, su gestión, su sostenibilidad y su futuro. Ciudadanos es un partido centrado en la perspectiva ciudadana, por eso y ante todo defenderemos que todo el mundo se pueda expresar libremente en este debate, y que los tarrasenses y las tarrasensas dispongan de toda la información para opinar democráticamente.