 El concejal, David Aguinaga, apunta a la colaboración municipal con el sector privado para incrementar la oferta y reformas legislativas sobre ocupación Terrassa, martes 8 de septiembre de 2020. El concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Terrassa, David Aguinaga, ha propuesto “una serie de medidas para paliar la importante falta de vivienda pública de alquiler en la ciudad”. El objetivo es “ampliar el parque de pisos sociales a través de diversas iniciativas como que el Ayuntamiento negocie con los grandes tenedores de viviendas la cesión de parte de su parque de pisos”. Además, el edil ha planteado que se elabore “un censo de viviendas ocupadas ilegalmente en el municipio para diferenciar las que se usan por necesidad de las que se destinan a fines delictivos”. La Policía Municipal realizaría los expedientes para acreditar en qué inmuebles se incumplen las ordenanzas de civismo y haría el seguimiento en colaboración con el resto de cuerpos de seguridad. David Aguinaga ha señalado que la propuesta, que se presentará a debate en el próximo pleno municipal, pretende “acabar con las ocupaciones con motivos delictivos, no con las de carácter social”. El concejal ha insistido en que “Terrassa sufre un importante déficit de vivienda pública de alquiler (supone el 1’7% del total) y el consistorio debe afrontar este problema grave de forma diligente y ágil para llegar al 15%”. Por ello, es fundamental “afrontar la falta de medios financieros municipales con la colaboración con el sector privado”, alcanzando acuerdos con “los grandes tenedores, fondos de inversión y SAREB, tal y como ya se ha hecho en otros municipios catalanes”, ha recordado el edil. El concejal de Cs ha explicado que en 2017 Terrassa contaba con unos 1.400 pisos ocupados por 3.459 personas, según datos del Pla Local d’Habitatge, lo que suponía 195 pisos ocupados y 451 personas más que en 2016. “Esta cifra no ha dejado de crecer desde entonces por un efecto llamada a gente de otros municipios ante la abundancia de pisos vacíos”, según el concejal. El 80% de estos inmuebles pertenecen a empresas y el resto a particulares, y se concentran en los barrios de Ca n´Anglada, Montserrat, La Maurina, Can Palet, Can Palet II, St. Pere Nord y Roc Blanc. Por otra parte, la propuesta prevé instar a la Generalitat a retirar de forma inmediata el Decreto Ley 1/2020 que modifica el Decreto Ley 17/2019, aprobado en relación a las medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. También instar al Gobierno de España, a la Fiscal General del Estado y al conseller de Interior de la Generalitat a promover la instrucción para dar la máxima seguridad jurídica a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyendo a las Policías Locales, para poder acceder, registrar e identificar a los ocupantes en inmuebles cuando existen indicios razonables de la comisión de delitos. Finalmente, el texto también incluye instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a “promover todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas”, ha concluido Aguinaga.
|
