Artículo de opinión de Javier González, portavoz de Cs Terrassa.

Ya hay fecha para la municipalización del servicio de agua en Terrassa pero, ¿cuánto nos va a costar el servicio a partir de diciembre de 2018 cuando el ayuntamiento lo gestione directamente y renuncie a la concesión como hasta ahora?

Para que se entienda, hay dos cuestiones que se dirimen en este proceso de municipalización. Por un lado, el fin de la concesión actual, el cual conlleva la liquidación de bienes y aquí se ha producido un fuerte desencuentro. El ayuntamiento estima que no ha de pagar prácticamente nada por ese traspaso, y por otro lado Mina valora un coste de hasta sesenta millones de euros. No hay espacio en este escrito para detallar las alegaciones presentadas, pero parece evidente que la liquidación tendrá un coste elevado y que su pago repercutirá en la capacidad del ayuntamiento para hacer las inversiones que la ciudad necesita (20 millones por ejemplo daría para un Plan de Vivienda). Recordar en este punto que nuestro ayuntamiento, cuya dirección política ha estado siempre en manos del PSC, ha exprimido el bolsillo de los ciudadanos con el pago de indemnizaciones millonarias en varios pleitos perdidos por ejecución de expropiaciones y los proyectos fallidos como por ejemplo Torrebonica o la reciente sentencia sobre el mantenimiento de las rieras que pone punto final al echarle las culpas a terceros. Qué fácil es tirar con pólvora de rey…

La finalización de la concesión se debía hacer de todas formas, pero ¿había alternativa a la exposición de un litigio por el coste de los bienes a liquidar? En Ciutadans pensamos que sí, en resumen, se puede defender la idea de que el servicio en Terrassa lo dispensen varias empresas sin que ello suponga poner en cuestión ni la titularidad del servicio por parte del ayuntamiento, ni las tarifas, ni las inversiones, ni el mantenimiento. De hecho ¡ya funciona así!, hay dos operadores (Mina y Aigües de Les Fonts) y una cooperativa trabajando en la actualidad.

Por otro lado, en Ciutadans no nos hemos cansado de defender una alternativa a la gestión municipalizada. Es la opción de concurso público donde los operadores privados compitan entre ellos para ofrecer a la ciudad un proyecto de gestión donde prime la excelencia al mejor precio. Un servicio tan sensible necesita músculo inversor que no detraiga recursos de las políticas sociales, escala que abarate los costes y profesionalidad al servicio de la innovación.

Por cómo el PSC ha llevado el proceso de liquidación de la concesión actual y ha puesto en marcha la nueva empresa pública, decir que, lamentablemente, en el horizonte se dibujan dos nubarrones. Un cumulonimbo que cierne una sombra de desconfianza sobre las relaciones entre las empresas y la administración local. Y no solo porque en su día desde el ayuntamiento se animó a que los inversores pusieran su dinero en el accionariado de Mina (menuda tomadura de pelo), sino porque nunca se les ha tenido en cuenta en proyectos de ciudad que al final solo han demostrado sostenibilidad a base de taponar vías de agua con dinero público: Hospital del Tórax, Torrebonica… Pero también se vislumbran cirrocúmulos relacionados con la aplicación de la nueva Ley de contratos, en cuanto a las municipalizaciones y por la responsabilidad jurídica de los cargos electos que hayan dado consentimiento.

Solo el 3,7% de los ciudadanos de Terrassa considera que el actual modelo supone un problema, además hay varias encuestas que valoran muy positivamente el servicio que se está prestando. Recientemente, se ha publicado el primer barómetro sobre servicios públicos de las treinta ciudades más pobladas de España. A la pregunta sobre el servicio del agua en Terrassa se responde con una satisfacción del 68%, siete puntos por encima de la media a escala nacional. Además, en el Libro Blanco de la economía del agua, el profesor de Economía Aplicada de la UAB Francesc Trillas y la Catedrática Emérita de Ética Victoria Camps advierten que el debate puede moverse por prejuicios. Por tanto, como el servicio actual no está en cuestión por los usuarios, porque hay demasiadas incertidumbres jurídicas, porque la entrada en servicio de la nueva gestión se materializará a las puertas de unas elecciones municipales que van a cambiar radicalmente el mapa político. Por todas estas razones no le pediremos al PSC que dé marcha atrás pero sí que prorrogue el actual servicio hasta que se clarifiquen posibles responsabilidades e indemnizaciones, por un simple principio de prudencia.