Artículo de opinión de Javier González, portavoz de Ciutadans de Terrassa.
En el Pleno del mes de febrero se aprobó una propuesta de ERC en la que se pedía en la práctica la retirada del busto del jefe del Estado del salón de plenos del ayuntamiento de Terrassa. La propuesta se aprobó con el apoyo de los partidos nacionalistas TeC, ERC, CDC, CUP y la abstención del PSC. Forma parte de los independentistas en general y de los nacionalistas en particular remar en la dirección contraria de España e incluso ya se atreven a coger distancia de la UE, lo que sorprende, aunque cada vez menos, es la actitud del PSC congraciándose con el soberanismo porque no quieren salir en la misma “foto” con Ciutadans (lo contrario que hacen sus compañeros en Madrid).
Para quien no lo sepa, las propuestas que se aprueban en un ayuntamiento tienen un marcado carácter político, y por esa misma razón se podría incurrir en la aprobación de alguna moción que no se pudiera llevar a la práctica porque no cumple con los requisitos legales correspondientes. Es conocido que el ámbito jurídico es complejo y en el límite de las propuestas políticas hay una frontera que a veces puede ser objeto de interpretación.
Lo que buscaba ERC era el efecto de una propuesta que no se puede aplicar legalmente y que gracias a la complicidad de TeC con los independentistas salió adelante. Retirar la imagen del rey del salón de Plenos de cualquier ayuntamiento no es legal, lo sabe todo el mundo y sobre todo en Cataluña. Hay jurisprudencia y los casos que se han ido dando han sido respondidos desde las instancias correspondientes con sanciones administrativas. No había posibilidad de alegar ignorancia en este caso, hasta tal punto fue así que el propio portavoz del PSC advirtió que no se actuaría en contra de la ley, ¿obvio no? La cosa parecía que se quedaba ahí sin embargo, al ser interpelado el alcalde Jordi Ballart directamente por un portavoz de ERC sobre su intención en relación a la ejecución del acuerdo la respuesta de Ballart fue inaudita…, el busto sería retirado horas después.
La reacción del alcalde fue incomprensible, se han dado casos en este mandato de propuestas presuntamente ilegales donde el alcalde antes de su eventual ejecución demandó un informe jurídico y actuó en consecuencia, que la policía municipal no pudiera aplicar sanciones en virtud al rechazo a la ley mordaza es un ejemplo. Ante la duda, un responsable de gobierno se asesora y sólo después toma una decisión, como ya he dicho las mociones aprobadas en Pleno son políticas y a veces no se pueden ejecutar.
El alcalde de Terrassa incumplió la ley a sabiendas que lo hacía, era evidente y así se demostró días después al recibirse un requerimiento por parte de la subdelegación del gobierno en Barcelona para recolocar el busto del rey. El alcalde socialista actuó como un soberanista, y lo hizo contraviniendo el criterio del portavoz que él mismo ha nombrado.
Ciutadans un mes después defendió que el ayuntamiento acatara la legalidad, pues bien, sólo lo conseguimos parcialmente y de nuevo el PSC acaparó todas las miradas, se negó a reconocer el error de haber retirado el busto y en consecuencia se negó a garantizar que el ayuntamiento en el futuro preserve el principio de legalidad en la aplicación de los acuerdos políticos. Un ejemplo para todos los ciudadanos y ciudadanas de Terrassa…
No sé si existe división en el PSC por cuestiones que tengan que ver con el debate monarquía/república, pero no nos engañemos, la propuesta de ERC era una carga de profundidad que tiene que ver con una alergia a lo español, un suma y sigue en el repudio a los lazos históricos, económicos, sociales y emocionales que unen a una gran mayoría de ciudadanos, y no porque se identifiquen con Felipe VI sino porque se sienten tan catalanes como españoles.