El pasado 11 de junio desayunamos con la portada del Diari de Terrassa, en la que Jordi Ballart aseguraba que “la gestión directa del agua podría abaratar el recibo”. Una vez más, nuestro alcalde pretende embarcarnos en el enésimo “proyecto de ciudad” ruinoso. Sí, continúan sus falacias para argumentar, al fin y al cabo, una decisión ideológica de raíz nacionalista y provinciana.
La concesión a Mina para la gestión del agua acaba el 9 de diciembre de este año, momento en el que el Ayuntamiento debe liquidar dicha concesión, y decidir el futuro modelo de gestión para el año 2017 y en adelante. Grosso modo, los modelos a decidir son dos. Por un lado, el modelo directo mediante el cual el ayuntamiento lleva a cabo la gestión con recursos propios. Y, por otro lado, la gestión indirecta: una empresa mixta —ayuntamiento más empresa externa— o concesión a una empresa privada.
Pues bien, desde las pasadas elecciones municipales el PSC, en boca de sus portavoces, ha defendido el estudio previo de todas las opciones antes de apostar por un modelo determinado, supeditando esa elección a la que brinde mayores ventajas —y teniendo en cuenta una consulta ciudadana—. Sin embargo, llegados a este punto, el alcalde por tercera vez y de forma más contundente parece decidido a defender la gestión directa municipal. ¡Atentos a su argumentación! Estudiaremos todos los modelos de gestión directa e indirecta, pero como Mina —un ejemplo de gestión indirecta— pone trabas al proceso de fin de la concesión actual, nos hemos decidido por la gestión directa —municipal—…
A los argumentos sinsentido se suma la idea de que el agua será más barata tal y como defienden diversas plataformas cívicas, además de TeC, ERC y CUP. La palabra “barato” tiene un gran poder de seducción, pero cuando el recibo medio mensual se sitúa alrededor de los veinte euros, un euro de más o de menos no va a comprometer ninguna economía familiar. Además, en ningún momento se explica cómo se va a financiar el ciclo completo del agua que comprenderá el suministro, la distribución, la recogida y la depuración, cuestiones que no se pueden obviar por más tiempo. Tampoco se dice de dónde saldrá el dinero para mejorar una red de distribución que todavía contiene amianto, o la mejora de la calidad del agua que cuesta miles de euros a la familias en agua embotellada, depuradoras de osmosis, jabón para lavadoras, averías domésticas o cremas para aliviar el picor en la piel al lavarse con un agua extremadamente dura.
Se ha dicho que la decisión sobre el futuro modelo de gestión del agua será la decisión más importante de este mandato. De hecho, esa etiqueta encubre intereses partidistas y ambiciones desmedidas, ya que es el mismo tipo de etiquetas que se usaron para la construcción de casi mil viviendas dejando una herencia actual de 70M€, el Parc Audiovisual en 20M€, 85M€ el propio ayuntamiento y diversas hemorragias como el proyecto de Torrebonica, etc. Por no hablar de otras ‘faraonadas’ que la justicia ha detenido recientemente como el cubrimiento de la riera del Palau.
Por tanto, ¿es este ayuntamiento gobernado por el PSC el mejor candidato para gestionar en solitario la distribución del agua en nuestra ciudad? Ni los argumentos esgrimidos por el alcalde, ni la gestión política de algunas empresas municipales invitan a pensar que el agua se gestionará mejor en 2017 si lo ejecuta directamente el equipo de Jordi Ballart. Para Ciudadanos, en Terrassa un mejor servicio pasa por un fuerte control público de la gestión del agua, pero confiando también en la experiencia de los que mejor conozcan el oficio, que tengan capacidad financiera para acometer las inversiones necesarias y, por supuesto, en la opinión de los ciudadanos.
Artículo de Javier González, portavor del Grupo Municipal Ciutadans de Terrassa