Artículo de opinión del portavoz de Cs Terrassa, Javier González

Ya se ha constituido la comisión que determinará la forma de gestión del agua de Terrassa. Era legalmente prescriptivo que los usuarios del servicio estuvieran representados, pero hete aquí que en nuestra ciudad nunca ha existido una asociación de usuarios de la Mina Pública.

Las asociaciones pueden ser de naturaleza diversa, pero es obvio que su constitución responde a la necesidad de reivindicar, defender o representar el propósito de un colectivo en concreto. De lo anterior, es fácil derivar que si hasta la fecha los usuarios del agua en Terrassa nunca se habían constituido en asociación es porque no han tenido necesidad, lo cual es coherente teniendo en cuenta el resultado de distintas encuestas donde los usuarios del agua ponen buena nota al servicio, y no lo perciben como un problema.

Al no existir dicha representación de los usuarios, el ayuntamiento se inventa una, y a nuestro entender, de manera abusiva, parcial y sesgada. Abusiva porque lo hace imponiendo un criterio favorable a los intereses de los partidos políticos que defienden expulsar la iniciativa privada de la gestión del agua; parcial porque no ha tolerado que la industria y el comercio estuvieran representados; y sesgada porque sí que admitió la presencia de una asociación defensora de que los funcionarios gestionen de forma directa el agua de nuestra ciudad.

De los servicios públicos se espera que sean de calidad y al mejor precio. Y estábamos en esa senda cuando al alcalde se le antojó perder la equidistancia y transformó un proceso que pudo ser modélico, en un apaño que sirve a sus intereses políticos en lugar de a los de los ciudadanos. Está por la labor de hacer lo que no prometió en su programa electoral, y sigue escatimando una consulta ciudadana que sí prometió públicamente.

Ciudadanos cree que en Terrassa se está cometiendo un error que acabaremos pagando caro todos los ciudadanos. A nuestro juicio, las pérdidas económicas constantes de las empresas municipales y las limitaciones presupuestarias pintan un mal futuro para una gestión del agua municipalizada. No hay en la historia reciente un solo ejemplo equiparable de un servicio público del agua que funcionando bien se haya municipalizado, ya que las municipalizaciones (dentro y fuera de España) han obedecido a circunstancias que han tenido que ver con la baja inversión de las compañías privadas, los incumplimientos contractuales, los incrementos desproporcionados del precio, los recortes de plantilla, la corrupción y la mala calidad de los servicios en general.