Artículo de opinión del portavoz de Cs Terrassa, Javier González.
El actual modelo de gestión del agua no ha sido nunca un problema. Así lo atestiguan las diferentes encuestas sobre la buena percepción del servicio en nuestra ciudad: solo en 2017 la de Mina, la de “Crónica Global”, la del Observatorio de Servicios Urbanos y, más recientemente, el barómetro del propio Ayuntamiento.
En 2015 todavía no estaba claro cómo se iba a abordar el final de la concesión de Mina y qué modelo se iba a adoptar en el futuro. El PSC no llevaba en su programa electoral la municipalización del servicio, por lo que en ese momento se comprometió a un proceso participativo que culminaría con una consulta. Con independencia del coste de lo anterior -estimo que más de 100.000 euros entre sueldos y recursos-, el PSC llegó a la conclusión de que sumarse a Comunes e independentistas podía casar con sus intereses puramente electoralistas, por lo que el proceso participativo acabó sin más y de la consulta nunca más se supo. ¿Una consulta ciudadana abierta e informada para poner en riesgo un acuerdo entre partidos en los despachos? Ni hablar.
A esos 100.000 euros hay que añadir otros 150.000 euros que se pusieron al servicio de una ideología en lugar de explicar el proceso con neutralidad. A todo lo anterior, sumar el coste de asesoramiento inherente a un proceso de liquidación amenazado por una posible indemnización de hasta 60 millones, que se pudo haber minimizado si se hubiera actuado con más sentido de la realidad. Además, perderemos la oportunidad de obtener un mejor servicio al mejor precio como resultado de un concurso abierto a la competencia entre privados. Por si fuera poco, la arrogancia de los partidos implicados pone en tela de juicio la colaboración futura entre lo público y lo privado, tan necesaria para el progreso económico de la ciudad y de sus ciudadanos.
Volvamos a 2015 para poder entender mejor qué significado tiene la reciente creación de la nueva sociedad municipal que gestionará el agua a partir del próximo diciembre. En julio de ese año se aprobó el modelo de composición de los consejos de administración de todas las empresas municipales. Un modelo de representación entre los partidos de la oposición (que quisieran participar voluntariamente) y los miembros del gobierno municipal, rompiendo el empate un representante técnico municipal. Ese modelo fue resultado, sobre todo, de las presiones de los partidos que precisamente han sido los motores de la municipalización del agua. Un modelo con una sobrerrepresentación partidista, circunstancia que fue advertida por el Secretario del ayuntamiento del momento que aseguró que “no son organismos para hacer política”.
En el último Pleno municipal se ha aprobado un nuevo modelo en el que casualmente los partidos “amigos” de la municipalización se reservaron cuatro plazas. Una de ellas la ha ocupado el PDeCAT (porque la CUP no la ha querido), en un gesto que abunda en la languidez argumental de un PDeCAT más atento a lo que pasa en Alemania que a los riesgos de legitimar una política de muncipalizaciones prejuiciosas que no ha hecho más que comenzar. Es fácil adivinar que el líder de los Comunes ha pactado en los despachos la vicepresidencia de la futura empresa. Ha colocado a un ‘amiguete’ en un puesto técnico generosamente remunerado y, todo invita a pensar, que en esta línea se gestionaran dos vacantes más en el Consejo: el puesto de gerente y la contratación de bienes, servicios y personal.
“S’escriu aigua es llegeix democràcia” fue el lema de las movilizaciones que auparon un proceso que parece haber germinado en Terrassa gracias al PSC, Comunes e independentistas. Un lema que estos partidos interpretan negando la participación a los adversarios políticos, colocando a los suyos y convirtiendo el consejo de administración de la futura empresa en un órgano político al servicio de los partidos políticos.