• El portavoz, Javier González, destaca que “ampliando el actual escenario multioperador”se podrá gestionar la devolución de los bienes no revertibles y “reducir el coste económico para el consistorio” 

Terrassa, miércoles 24 de abril de 2019. El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Terrassa, Javier González, ha propuesto que el consistorio diseñe “un nuevo mapa de distribución del agua de la ciudad en el que se amplíe el actual escenario multioperador” con el objetivo de acatar la reciente sentencia favorable a Mina Pública d’Aigües de Terrassa (MPAT). De esta forma, según el concejal, “se podrán gestionar los bienes que el fallo judicial identifica como de propiedad de la antigua concesionaria del servicio y que, por tanto, no pueden ser considerados revertibles” y reducir “el riesgo económicamente desmesurado al que se expone el ayuntamiento, estimado en hasta 60 millones de euros, si se confirma la sentencia en última instancia”.

Javier González ha presentado la iniciativa, que prevé también “que los servicios municipales estudien en profundidad toda la documentación aportada por Mina en la causa judicial, sobre todo el informe Heras avalado por el dictamen, apoyándose en expertos ajenos al ayuntamiento”. La propuesta, que se llevará al pleno de este mes, plantea además que el equipo de gobierno “dote de los recursos técnicos y económicos necesarios a todas las áreas implicadas en el proceso”. El portavoz de Cs ha recalcado que la intención es que “el plazo de adaptación a la legalidad de la red de distribución y su titularidad sea el menor posible, reduciendo los costes y prórrogas al máximo”. En este sentido, ha apuntado que es muy probable que “una futura indemnización millonaria la deberá asumir un equipo de gobierno diferente al que ha provocado el conflicto jurídico”.

Una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo 9 de Barcelona da la razón a la empresa MPAT (concesionaria durante 77 años del servicio local) y anula los acuerdos del pleno de diciembre de 2016 que daban por finalizada la concesión e imponían a la empresa la reversión de los bienes al consistorio porque, según la magistrada, “no se ajustaban a derecho”. González ha recordado que esta sentencia “es contundente” y de ella “se desprenden dudas más que razonables sobre la argumentación que esgrimió el ayuntamiento para apropiarse de bienes privados” porque “la juez considera que parten de la idea equivocada de que el servicio estaba municipalizado, pero existían diversas empresas que prestaban servicio en diversas zonas de la ciudad”.